Mucho se especula sobre el tema de las drogas, sobre la relevancia si se legalizan o no en su totalidad, o por lo menos, un considerable número de ellas: Las conocidas como suaves o blandas; al respecto, se aduce la dramática guerra frontal que ha traído consigo de manera inevitable impactos negativos sobre los derechos humanos, pues la guerra contra el narcotráfico ha generado y genera su propio historial de violencia política y de violencia criminal, como resultado de una combinación de estrategias, por un lado del estado con el ánimo de ponerle fin al negocio del narcotráfico y por el otro, las propias de las estructuras narcocriminales encaminadas a expandir el negocio buscando que éste sea más lucrativo.
Hoy la realidad es un poco distinta, la sangrienta confrontación de los carteles de la droga en los 80 y 90, como consecuencia de los golpes atestados por las fuerzas de seguridad del estado, condujo a nuevas modalidades de organización, las cuales son controladas o gozan del asocio de los grupos paramilitares y de la permisibilidad de agentes y agencias del estado y, en otro porcentaje no menos significativo por los grupos insurgentes, trayendo consigo a que estas sangrientas guerras por el control de la distribución de narcóticos se trasladará a las calles, en asocio con otras modalidades delictivas: La extorsión, el desplazamiento inter o intraurbano y la implementación de las denominadas fronteras invisibles.
En la actualidad se quiere abrir el debate en torno a la legalización de las drogas, como fórmula que resuelva el problema, algo que se reclama insistentemente desde décadas atrás, pese a que legalizar no es el camino acertado por las implicaciones que acarrea, en todo caso, la propuesta es importantísima para abrir el debate. Sin embargo, en el desarrollo de lo que debe ser una amplia discusión, la fórmula resultante tendría que estar desligada de la opción militar y establecerse como una política pública encaminada a reducir el consumo y la adicción a los narcóticos, acompañada de políticas de control de cultivos, producción de narcóticos y comercialización de los mismos, generando un supuesto diferente, pues en sentido estricto, no se estarían legalizando las drogas, se estaría implementando una política de control en cada unos de los diferentes niveles de la cadena de producción y comercialización en manos del estado que podría estar acabando con el narcotráfico y, por ende, contribuyendo con el problema de la adicción, pues las drogas duras y blandas serían controladas. Al determinar la adicción como un problema de salud pública, ésta debería ser atendida como una enfermedad y como tal, sujeta a protocolos de tratamiento, asunto que dejo en manos de los expertos; garantizando de alguna manera las existencias necesarias para los consumidores que no toman aún la decisión muy personal de tratarse (libre desarrollo de la Personalidad); en este sentido, al ser una política pública (no de negocio) controlada por el estado, no sólo el colombiano, sino la sumatoria de los países productores, el lucro económico resultante de la ilegalidad caería vertiginosamente, trayendo consigo consecuencias positivas para la región y el mundo.
En primer lugar los países productores serían los encargados de proveer a los países consumidores la demanda nacional de sus consumidores, para que se logre el efecto de evitar la adicción; en segundo lugar, se contrarrestarían los efectos lesivos sobre el medio ambiente, se evitaría con esto la tala indiscriminada de bosques y la fumigación de cultivos, toda vez, que la producción estaría ligada al consumo real de los países y bajo el control de los estados productores; en tercer lugar, los indicadores de homicidio derivados de esta actividad ilícita por el control de las plazas de micro-distribución, se caerían paulatinamente y con ellos muy posiblemente las fronteras invisibles al interior de las ciudades, el objeto de disputa sale del escenario de guerra y, además, se acabaría con la estrategia implementada por los distribuidores locales, la cual consiste en iniciar a temprana edad en las instituciones educativas, barrios o localidades a nuestros niños, un logro mayor; en cuarto lugar, reducción de manera gradual de los recursos económicos a las organizaciones ilegales; en quinto lugar, fortalecimiento de la democracia, pues desaparecería la cofinanciación de campañas políticas con dineros del narcotráfico y de tajo acabando fulminantemente ese reino de moral múltiple determinada por actitudes de tolerancia-usufructo, especie de narcocultura tan lesiva a la institucionalidad (búsquese: Campaña presidencial Ernesto Samper P., Parapolítica...) y, finalmente, se generaría una política de empleo legal en toda la cadena de producción.
No obstante, a la par de implementar cualquier fórmula en torno a la drogas por parte de los estados productores, debe traer consigo propuestas de inclusión como un precepto ético-político, puesto que en el ámbito de esta empresa criminal existe un significativo número de personas que dependen de los capitales resultantes de dicho negocio, muchas de ellas, campesinos; por tanto, deben implementarse proyectos encaminados a resolver los problemas de riqueza y bienestar (sustento integral de la vida) en el marco de la participación, de la justicia y de la justa distribución, éstos con el ánimo de romper la relación pobreza-violencia, evitando así, a que nuevos factores negativos se constituyan como detonante de actividades criminales en sus distintas modalidades, intensidades y operacionalidad. Proyectos que deben ser recogidos y cofinanciados en parte por los países consumidores como compensación social. En todo caso, el tema en discusión no debe darse en el contexto de la legalización, pues la legalización de las drogas mantendría la cultura narco e iría en contravía de cualquier política pública enfocada a proteger la salud de los ciudadanos; las drogas duras o blandas (que no lo son) son sustancias que deben permanecer prohibidas, evitando así, que exista disponibilidad en el mercado, tal discusión debe librarse en el terreno del control o monopolio del estado como política pública, por los posibles beneficios que se puedan obtener.
A modo concluyente, las razones arriba expuestas corresponden a la lógica personal en el ámbito de experiencias académicas o de campo en el contexto nacional y, aunque parecen distantes con la lógica y experiencias internacionales, es necesario y por tanto inevitable abrir el debate global en aras de alcanzar una concertación multilateral mediante la cual, controlando el factor narcocriminal, se reduzcan los impactos negativos directos e indirectos que recaen sobre la sociedad global.
Wilmarmejia
Ciudadano Libre Pensante.
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